La provincia de Buenos Aires puso en vigencia la Ley 15.688, que autoriza a los municipios a utilizar hasta el 100% de los recursos provenientes del Impuesto Inmobiliario Rural destinados al mantenimiento de caminos rurales para financiar obras de infraestructura hídrica.
La norma, promulgada por el Gobierno de Axel Kicillof y publicada en el Boletín Oficial el 10 de noviembre de 2026, busca ampliar la capacidad de respuesta de los gobiernos locales frente a los riesgos de inundaciones y los efectos de las precipitaciones intensas.
La iniciativa fue presentada por el legislador Sergio Vargas, de Unión y Libertad, y recibió sanción definitiva de la Legislatura bonaerense el 20 de octubre.
Qué podrán hacer los municipios con los fondos
La legislación habilita a los 135 municipios bonaerenses a reasignar temporalmente recursos que tienen como destino el mantenimiento de la red vial rural.
Entre las intervenciones autorizadas se encuentran:
- Obras de drenaje pluvial.
- Dragado y limpieza de canales.
- Reparación y ampliación de alcantarillas.
- Construcción y mantenimiento de defensas hídricas.
- Adquisición de equipamiento para trabajos hidráulicos.
La autorización es excepcional y tendrá una vigencia de 180 días corridos desde su publicación, por lo que se extenderá hasta los primeros días de mayo de 2027.
Un aspecto central es que la norma no obliga a los municipios a modificar el destino de los recursos. Cada administración local podrá evaluar sus necesidades y decidir si utiliza parte o la totalidad de los fondos habilitados para obras hídricas o si mantiene su aplicación original en la conservación de caminos rurales.
Mayor capacidad de decisión para los gobiernos locales
La nueva legislación introduce una herramienta de gestión para los intendentes, particularmente en distritos donde los excesos de precipitaciones afectan tanto a las zonas urbanas como a las áreas productivas.
Desde una perspectiva de gestión pública, la medida amplía el margen de decisión municipal sobre recursos previamente afectados a un destino específico, permitiendo priorizar intervenciones hidráulicas según las necesidades de cada territorio.
Sin embargo, la posibilidad de reasignar fondos no implica la incorporación de nuevos recursos al presupuesto municipal. Se trata de una autorización para modificar temporalmente su utilización.
En consecuencia, la aplicación de la ley planteará decisiones presupuestarias concretas para cada distrito, especialmente cuando las necesidades de mantenimiento vial y las obras de prevención hídrica deban atenderse simultáneamente.
La posición del sector rural
La aprobación de la norma también generó cuestionamientos de entidades agropecuarias, entre ellas la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) y la Sociedad Rural Argentina.
Las organizaciones reconocieron la necesidad de realizar obras hidráulicas, pero advirtieron que la reasignación podría reducir los recursos disponibles para mantener caminos rurales que ya presentan problemas de transitabilidad.
CARBAP sostuvo que “no se puede resolver una necesidad desfinanciando otra infraestructura esencial”, mientras que la Sociedad Rural Argentina reclamó planificación y fuentes específicas de financiamiento para las obras hídricas.
Los planteos reflejan una preocupación vinculada con la conectividad rural, fundamental para el traslado de la producción, el acceso a establecimientos educativos y la prestación de servicios en el interior bonaerense.
El desafío de los municipios: administrar prioridades y recursos
Con la entrada en vigencia de la Ley 15.688, los intendentes cuentan con una nueva herramienta para intervenir sobre problemas de infraestructura hídrica sin necesidad de esperar una asignación extraordinaria de fondos provinciales.
Su impacto dependerá de las decisiones presupuestarias de cada municipio, de las obras que efectivamente se ejecuten y de la capacidad de sostener el mantenimiento de la red vial rural.
La ley amplía las facultades de los gobiernos locales, pero también coloca en sus manos la responsabilidad de equilibrar dos necesidades esenciales para el desarrollo del interior bonaerense: la prevención de inundaciones y la conservación de los caminos rurales.
Ezequiel Casartelli
Director Desmiento - Licenciado en Ciencia Política • Máster en Análisis de la Opinión Pública, Encuestas, Medios de Comunicación y Nuevas Tecnologías • Diplomado en Comunicación Política • Especializado en Data Intelligence.
