En los últimos días se viralizó en redes sociales un mapa que muestra el supuesto crecimiento económico en distintas provincias de Argentina. La publicación ganó notoriedad rápidamente, en parte por su contenido, pero sobre todo porque fue compartida (4 veces) por el presidente, Javier Milei. Sin embargo, lejos de tratarse de un dato sólido, el material presenta inconsistencias que ponen en duda su veracidad.
Por un lado, el gráfico omite a la provincia de Tucumán, un error difícil de justificar en un análisis de este tipo. Por otro, atribuye su elaboración a una institución académica que ya salió a desmentirlo. Desde IAE Business School aclararon que el mapa no fue producido por ellos ni forma parte de sus informes oficiales. Esta aclaración no solo desacredita el contenido, sino que también expone un problema más profundo, la circulación de información sin verificación previa.
En este contexto, el foco no está únicamente en el error del dato, sino en quién lo difunde. Cuando una figura con alta exposición institucional comparte información no chequeada, el impacto se multiplica, no se trata simplemente de un posteo más en redes sociales, sino de un mensaje que adquiere legitimidad por el lugar desde el cual se emite, lo que puede inducir a interpretaciones erróneas en una audiencia masiva.
A su vez, este tipo de situaciones contribuye a debilitar la confianza pública. Si la información que proviene de los niveles más altos de gobierno resulta inexacta, se genera una erosión en la credibilidad que luego afecta al conjunto de las instituciones. En paralelo, el debate público también se ve condicionado, ya que se construye sobre datos que no necesariamente reflejan la realidad.
En un escenario donde lo viral muchas veces se impone sobre lo verificado, la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos es aún mayor. No alcanza con comunicar: es necesario hacerlo con información precisa, chequeada y contextualizada. De lo contrario, el riesgo no es solo desinformar, sino también contribuir a un entorno donde la verdad pierde peso frente a la circulación masiva de contenidos dudosos.
En definitiva, el caso del mapa no es un hecho aislado, sino una muestra de cómo la desinformación puede amplificarse cuando se combina con altos niveles de exposición. En política, la construcción de sentido público depende, en gran medida, de la calidad de la información que circula.
Y en ese proceso, la responsabilidad es parte del ejercicio mismo del poder.
