El Gobierno de Javier Milei adjudicó a Starlink, la empresa de Elon Musk, un programa para llevar internet satelital a 6.000 escuelas rurales de todo el país. El acuerdo contempla kits de conectividad y dos años de servicio aportados por la compañía, mientras que el Fondo del Servicio Universal financiará la instalación, el soporte técnico, el monitoreo y un tercer año de servicio.
La controversia aparece cuando se mira qué ocurrirá después. Según la información publicada por Letra P, una vez finalizados los 36 meses iniciales, las provincias y municipios que adhieran deberán hacerse cargo de la conectividad.
El costo estimado del servicio corporativo de Starlink sería de unos US$160 mensuales por establecimiento, mientras que desde ARSAT señalaron que una prestación similar ronda los US$60 o US$70 mensuales. De confirmarse esos valores, la diferencia sería de alrededor de 2,3 a 2,7 veces.
La empresa estatal, que actualmente brinda conectividad satelital a unas 1.845 escuelas, quedó fuera del nuevo programa. Además, según declaró a Letra P Ezequiel Mc Govern, responsable de Innovación de ARSAT, el Estado mantiene una deuda superior a US$60 millones con la compañía por servicios ya prestados.
Otro de los cuestionamientos apunta al mecanismo de selección. El especialista en telecomunicaciones Enrique Carrier señaló que el acuerdo no se realizó mediante un concurso o subasta en el que distintas empresas pudieran presentar alternativas tecnológicas y económicas.
¿Qué se sabe y qué falta saber?
El Gobierno anunció una inversión conjunta cercana a US$22 millones para implementar el programa. Sin embargo, todavía no se difundió el listado de las 6.000 escuelas beneficiadas ni el reparto por provincias. Tampoco están completamente definidos algunos aspectos del servicio posterior a los tres años iniciales.
Por eso, el dato central de la denuncia es verdadero en cuanto a los valores informados por ARSAT y publicados por Letra P: Starlink cobraría alrededor de US$160 mensuales frente a unos US$60-70 de ARSAT por servicios comparables.
La discusión, entonces, no pasa solamente por quién conecta las escuelas, sino también por cuánto terminarán pagando las provincias y municipios y por qué se eligió este esquema en lugar de comparar públicamente las propuestas disponibles.
Fuentes: Letra P – investigación sobre el acuerdo con Starlink · ENACOM – anuncio oficial del programa
