OpiniónPortadaLa pandemia, el Estado y la agenda económica que viene

El mundo atraviesa un tiempo de bisagra. La pandemia del Covid-19 obligó a los países del globo a redimensionar el rol del Estado y las políticas públicas en el plano económico y social. La caída del PBI se ha generalizado y ningún país ha quedado a salvo del desplome de sus indicadores, incluso los que priorizaron la actividad económica. Frente a esta situación, hasta los ámbitos más conservadores morigeraron sus posturas respecto de la necesidad de apelar a herramientas hasta hace poco consideradas como “heterodoxas” para salvar la economía de una catástrofe mayor. En las naciones desarrolladas la batería de medidas implementadas comprende desde una emisión-expansión monetaria récord, dejando a un lado la cautela fiscal, pasando por un extenso control y/o congelamiento de precios de bienes y servicios esenciales; además de programas de asistencia social como seguros de desempleo o subsidios y una mayor administración del comercio exterior.

En nuestro país, además, se han aplicado prohibiciones de despidos, subsidios y créditos blandos a empresas, postergación de vencimientos tributarios, contribuciones y deudas crediticias; ampliación y fortalecimiento de prestaciones sociales, entre otras. Al respecto, un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV advierte que la asistencia de la ANSES a familias y empresas llegó a $356.606 millones, un 1,7% del PBI. Solo el IFE representó casi el 5% del presupuesto promedio de las provincias y alcanzó a cubrir, con 9 millones de beneficiarios, el 20% de la población y más del 50% de los hogares. El paquete total de medidas del Estado llegó al 5% del PBI y, no obstante, las críticas de algunos economistas liberales, está por debajo de otros países de la región que no tuvieron las restricciones impuestas por la crisis devaluatoria de 2019.

El conjunto de medidas aplicado por el gobierno ha sido evaluado positivamente por la sociedad. En ese contexto, crecen las corrientes de liderazgos que plantean un nuevo paradigma de organización social cuando la economía comience a recuperarse, opuesto al neoliberalismo y la idea de que el mercado puede resolver eficientemente los problemas materiales de la ciudadanía. Se fundamentan en que el libre mercado, es un concepto actualmente asociado al dominio de empresas con alto poder de concentración. Son actores que manejan los destinos económicos de la sociedad y cuyo accionar solo contribuye a concentrar la riqueza en muy pocas manos, a ampliar las desigualdades económica entre los países y dentro de una misma nación. La idea de una asignación eficiente de los recursos, en una estructura muy alejada de la “competencia perfecta” que se enseña en los manuales de economía, ha perdido vigencia. El reclamo por el avance de las libertades individuales, en el sentido en el que algunas figuras de la política lo difunden, pasó a ser una consigna sectorial, de grupos que defienden un modelo económico que privilegia a unos pocos y excluye a las mayorías. Así, la dinámica de la globalización, tal como venía sucediendo, ha encontrado un freno. Los debates sobre el camino a seguir, incluso, nos retrotraen a ideas y autores que hasta ayer parecían atemporales, pero que resurgen en actual contexto. Es el retorno a la necesidad de pensar qué políticas públicas se necesitan para alcanzar el pleno empleo, concebir el trabajo cómo un derecho y no cómo el resultado de una acción egoísta, de defender los intereses de las empresas nacionales, fundamentalmente de las pymes, de que el Estado oriente y regule la economía, incentivando la acumulación del capital y la distribución justa de la riqueza.

En medio del paquete económico por la pandemia, el gobierno nacional está pensando la economía que viene, liderando una agenda de medidas para el crecimiento y desarrollo económico y social opuesta al esquema de valorización financiera precedente, signado por salto en el endeudamiento externo del sector público.

El primer paso es el avance de la renegociación de la deuda externa, que se encuentra en una instancia sumamente avanzada, incluso contando con el apoyo de actores claves que no comparten el espacio ideológico del oficialismo, como el gobierno de los EE.UU. y el FMI.  Solo resta acordar con fondos muy duros, inversores completamente desatendidos de su responsabilidad por riesgo moral en haber apostado por un modelo aperturista, de bicicleta financiera con fuga de capitales, cuando la historia siempre demostró que terminan en el fracaso económico, la quiebra del Estado y el default de la deuda. Se calcula que el país se ahorrará hasta USD 50.000 millones por el canje. Se trata de una medida clave para afrontar el recurrente problema de la restricción externa, que se hará presente en el próximo ciclo de crecimiento. En paralelo, continuar con la administración del tipo de cambio y el mercado de divisas.

Otro punto en donde se está trabajando es en la necesidad de un fuerte programa de inversión pública, una especie de “Plan Marshall” para la Argentina, que sea el puntapié inicial para la reactivación, dado que los otros componentes de la demanda agregada, como consumo e inversión y exportaciones, se encuentran estancados. El plan servirá para atender las necesidades de infraestructura pública y privada básica como vivienda, agua potable, cloacas, asfalto, accesos, trasporte público, educación y salud, entre otros, contribuyendo a la expansión de la frontera de producción. Son varios los aspectos positivos de este tipo de programas: el grueso de los insumos no necesita importarse (no demanda dólares), los encadenamientos productivos son extensos, requiere abundante mano de obra y la vivienda es un bien muy preciado en la sociedad, que mejora enormemente la calidad de vida.

La economía real también tiene que ser administrada con intervención directa en unidades productivas si se quiere expandir la oferta. Al respecto, el caso Vicentin tiene que servir de ejemplo. El país necesita de empresarios que apuesten por un modelo productivo, no por el vaciamiento y quiebra de firmas de sectores rentables, con administraciones investigadas por la justicia. Se ensalza la voz por la intervención estatal, sin atender el perjuicio que una gestión privada apartada del ideario de clase ocasionó a los trabajadores, proveedores y al Banco Nación. La gestión pública debe ser transparente, orientadora de los actores privados y equilibrante de las clases sociales.

Con el IFE como antecedente, la creación de un ingreso ciudadano o trabajo universal ganó espacio en la agenda. La medida podría significar un antes y después en materia socioeconómica, permitiendo que un conjunto importante de personas, hoy excluidas por el sistema, se integren en el tejido de la sociedad, a través de un trabajo productivo remunerado y el consumo. También se han escuchado planteos sobre el actual sistema impositivo y la distribución de los recursos públicos aguas abajo. Se busca simplificar el sistema y ligarlo a los objetivos económicos. En ese sentido, la necesidad de apuntalar la economía a través del mercado interno plantea rediscutir impuestos como el IVA, que son regresivos y orientar la recaudación hacia tributos directos, como el impuesto a las ganancias, además de contar con un esquema impositivo que promueva la inversión real privada para incrementar la productividad del trabajo y el potencial del país. En cuanto a la distribución de los recursos impositivos, la agenda que se discute apunta a disminuir las enormes desigualdades presupuestarias entre los distritos. En particular, el área del AMBA muestra dos zonas diferenciadas. La Ciudad de Buenos Aires y el norte del conurbano bonaerense, cuentan con ingresos y presupuestos públicos más elevados que el sur y el oeste. En materia presupuestaria, para dar un ejemplo, el presupuesto per cápita de la Ciudad Autónoma en 2019 fue un 46% más elevado que los recursos de los municipios del sur del GBA considerando las jurisdicciones local y provincial. Con el tiempo, la brecha de infraestructura y condiciones de vida se ha ampliado al punto que es indispensable corregirla con políticas públicas que reorienten el gasto y equilibren los ingresos.

La crisis del coronavirus plantea enormes desafíos hacia el futuro, resignificando el vínculo y accionar del Estado en la esfera económica de la producción y distribución de la riqueza, una demanda que emerge de las bases, porque el viejo esquema liberal nunca corrigió las desigualdades, sino que las profundizó; y porque en la sociedad quedó claro que nunca se sabe cuándo puede volver a repetirse una situación semejante como hoy nos toca vivir.