El hacinamiento es una realidad y luego de conocerse los primeros casos de infecciones en las cárceles, se desataron motines en distintas cárceles del país. Se suma a esto el peligro de que la situación escale con poco personal de guardia.
Las condiciones inhabitables de las prisiones del país, con situaciones de hacinamiento, falta de recursos y alimentos son conocidas desde hace tiempo. Por este motivo, un fallo judicial expresó el año pasado que las cárceles federales “no son aptas para la condición humana”. Por lo que se declaró la “emergencia penitenciaria” por la superpoblación en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
La pandemia puso de manifiesto esta situación y, a partir de las sugerencias de los organismos internacionales, se optó por darle prisión domiciliaria. Se les dió ese condición a ciertos grupos de riesgo: mujeres embarazadas, personas con delitos menores o a punto de ser excarcelados y con afecciones físicas.
Hasta el momento suman más de 750 los presos que recuperaron la libertad en la provincia de Buenos Aires. A nivel federal esa cifra ronda los 300 reclusos.
Fuegos cruzados
Sin embargo, el pedido de liberación de grupos considerados “población de riesgo”, tanto en cárceles como en comisarías generó el repudio de algunos sectores. Abriéndose así un fuegos cruzados, incluso en el propio gobierno, de posiciones.
Recientemente, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, advirtió que “los jueces que liberen a los presos pueden ser sometidos a juicio político”.
El intendente de San Miguel, Jaime Méndez, repudió la decisión judicial que permitió el regreso de 20 presos a su municipio.
“Robo agravado, abuso sexual, estafa, extorsión, privación ilegítima de la libertad, venta de drogas… Son sólo algunas de las causas por las que estaban detenidos más de 20 presos que volvieron estos días a San Miguel. Toda persona merece condiciones dignas en la cárcel; entre ellas, estar protegida de los efectos del coronavirus. Pero que los presos vuelvan a sus casas y barrios, los mismos ambientes donde cometieron los delitos que motivaron su detención, claramente no es la solución”, expresó Méndez.
Incluso el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, expresó sus dudas respecto. Señaló:
“Si dependiera de mí, no sale ningún preso”.
Desde el colectivo Actrices Argentinas emitieron un comunicado que repudia la concesión de prisión domiciliaria a acusados o sentenciados por femicidios violaciones o de género.
E el arco opositor, Patricia Bullrich enunció en una entrevista radial: “En 4 años recuperamos asesinos de la calle para que no sean un peligro para la sociedad y ahora los quieren liberar a todos…”.
Más aún, recientemente se dio a conocer un audio polémico de la senadora provincial en Buenos Aires por el PRO, Felicitas Beccar Varela, que afirmó que el Gobierno nacional tiene un plan para “liberar a los internos y formar patrullas que amenacen a jueces” y “fundir empresas”.
Frente a esto, el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, negó rotundamente que existiera dicho plan. Dijo que los beneficios que reciben los detenidos se dan en el marco de la ley:
“Las leyes sólo facultan al Poder Judicial a detener, liberar o conceder prisiones domiciliarias”.
Casos alrededor del mundo
La medida de excarcelaciones, que cuenta con el aval del presidente Alberto Fernández, no sólo fue recomendada por distintos organismos internacionales, sino que además fueron replicadas en distintas partes del mundo.
Sólo a modo de ejemplo, en Irán se liberó a 85.000 prisioneros, en Turquía 45.000, Brasil excarceló a alrededor de 30.000, en Francia a más de 10.000 y en el Reino Unido y Colombia a 4.000.
La diversidad de posturas, tanto en el gobierno como desde la oposición exigen un trato profundo del caso. Sólo la justicia podrá mostrar si está a la altura de las circunstancias.
Ezequiel Casartelli
Director Desmiento - Licenciado en Ciencia Política • Máster en Análisis de la Opinión Pública, Encuestas, Medios de Comunicación y Nuevas Tecnologías • Diplomado en Comunicación Política • Especializado en Data Intelligence.