En su primer año de gobierno, Javier Milei llevó adelante una drástica reducción de personal en el sector público, desvinculando a más de 41.000 empleados, lo que representa una disminución del 8,2% del total de la planta estatal. La medida, impulsada por la política de austeridad y eficiencia del oficialismo, ha generado un ahorro proyectado a largo plazo de 4.548 millones de dólares, equivalente a un ahorro mensual de unos 349 millones de dólares.
El recorte afectó principalmente a la Administración Centralizada y Descentralizada (con 23.576 puestos eliminados), las empresas del Estado (13.161 despidos) y el sector militar y de seguridad (4.405 empleos menos). Según el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, la mayor reducción se dio en los contratos bajo la Ley Marco (2.074 millones de dólares en ahorro), seguida por los contratos permanentes y transitorios (1.708 millones) y los contratos LOYS (766 millones).
Sin embargo, la medida ha provocado protestas y movilizaciones por parte de los sindicatos, especialmente de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que denuncian los efectos sociales y laborales negativos de los despidos. A pesar de las críticas, el gobierno mantiene su compromiso con la reducción del gasto público y la eliminación de áreas no esenciales, anticipando más recortes en 2025.
