El Ministro Daniel Arroyo le pidió la renuncia al secretario de Articulación de la Política Social, Gonzalo Calvo. Calvo fue quien autorizó las compras de alimentos con sobreprecios. Otros 14 colaboradores también fueron apartados de sus cargos. Investigan la cadena de responsabilidades.
El escándalo surgió al conocerse que se autorizó la compra de cinco toneladas de alimentos por un total de $534 millones. Las cuales tuvieron sobreprecios de hasta 62%.
Entre los días 31 de marzo y 2 de abril, se publicaron en el Boletín Oficial los detalles de la compra masiva de alimentos básicos como fideos, azúcar y aceite, entre otros, destinada a proveer a los sectores más vulnerables en el marco de la pandemia (COVID-19).
Al indagar en los detalles de la compra en el caso de los fideos se le adjudicó la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 006/2020, por la suma total $86.540.200 a las firmas: Forain S.A., Copacabana S.A., Sol Ganadera S.R.L.
En el sitio web de precios máximos, estas marcas oscilan entre $34 y $100 el paquete de 500grs, siendo que el gobierno aceptó el pago en un promedio de $84 el paquete a precio mayorista.
Otro de los alimentos con sobreprecios se trato del azúcar, se aprobó en el marco de la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 003/2020, la compra por la suma total de $51.057.800 a las firmas Copacabana SA, Alimentos Generales S.A. En comparación a los valores máximos que estipuló el gobierno, aquí se pagaría entre un 42% y un 50% más caro.
El aceite fue otro de los sobreprecios más nombrados. Aquí la compra se realizó por un total de $107.599.800 a las empresas Sol Ganadera S.R.L. Copacabana S.A.
Las que alcanzaron un valor que supera en un 52% el estipulado de $111 por el litro de aceite mezcla.
La respuesta desde el gobierno no se hizo esperar. En primer lugar, Daniel Arroyo salió a dar explicaciones, algunas resultaron más convincentes que otras.
Por un lado, Arroyo expresó que hubo un error involuntario en el Boletín Oficial. Ya que los precios que figuraban no eran para el paquete de 500grs de fideos si no para el kilo.
Más importante aún, dio a entender la urgencia del caso en tanto el número de personas que asisten a comederos y merenderos pasó de 8 a 11 millones, por lo que debieron negociar los precios ante los proveedores que “se les plantaron”.
Por su parte, el presidente Alberto Fernández fue más categórico y le dio indicaciones al ministro de abordar el asunto con firmeza. En este sentido expresó públicamente que, “no apañaré corruptos en mi gobierno”. Asimismo, se anuló la licitación por los sobreprecios en alimentos y se llevará adelante una nueva.
Otra cuestión no menor es que esto desató una investigación interna que tuvo como primera medida el despido del responsable de la Secretaría de Asistencia Crítica, Gonzalo Calvo y de 14 funcionarios más de su equipo. Calvo respondía a la estructura de los intendentes del PJ bonaerenses y había sido investigado por corrupción cuando se desempeñaba en el municipio de Almirante Brown.
A raíz de esto, el gobierno definió por una resolución administrativa que no podrá pagar bienes por encima de los precios fijados como máximos. Procurarán darles mayor transparencia a las compras del Estado.
Son señales veloces y contundentes que buscan no abrir más frentes y divisiones políticas en un contexto socio económico delicado.
Ezequiel Casartelli
Director Desmiento - Licenciado en Ciencia Política • Máster en Análisis de la Opinión Pública, Encuestas, Medios de Comunicación y Nuevas Tecnologías • Diplomado en Comunicación Política • Especializado en Data Intelligence.
