Patricia Bullrich volvió a escena con su mensaje más característico. Desde Casa Rosada, reafirmó que su gestión avanzará hacia un sistema penal más estricto, prometiendo penas más largas —de hasta 30 años— y el fin de reducciones, excarcelaciones o cualquier beneficio que suavice las condenas. Su frase insignia volvió a sonar fuerte, como si fuera parte de la identidad del Gobierno: “El que las hace, las paga”.
La funcionaria aseguró que el objetivo es “robustecer” el sistema penal para garantizar que las sentencias se cumplan de principio a fin. La narrativa apunta a transmitir firmeza en un escenario público atravesado por la preocupación por la inseguridad, y donde el reclamo social por respuestas rápidas suele ganar terreno. Mano dura, cero concesiones y un mensaje lineal: endurecer para ordenar.
Pero mientras Bullrich fija el tono, el debate se enciende nuevamente. Especialistas en criminología y organizaciones sociales advierten que el endurecimiento de penas rara vez reduce por sí mismo los índices delictivos. Señalan que el delito no se extingue solo con castigo, sino con políticas de prevención, inclusión y abordaje integral —dimensiones ausentes en la nueva exposición de la ministra—.
En un país donde la desigualdad, la falta de oportunidades y la fragmentación social conviven con delitos cada vez más complejos, la discusión deja de ser puramente punitiva. La pregunta es si ese enfoque logra resolver algo más profundo que la inmediatez mediática.
Lo cierto es que el anuncio vuelve a dividir a la sociedad entre quienes celebran decisiones firmes y quienes creen que sin políticas complementarias la mano dura termina siendo apenas un gesto, más simbólico que efectivo. Mientras tanto, el Gobierno apuesta a un mensaje contundente, aunque la respuesta al problema real siga lejos de ser unánime.
