El ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, opinó sobre la reducción de la jornada laboral y descartó que una propuesta de este tipo sirva para generar empleo. Las declaraciones se dieron en el canal C5N, donde justificó que la medida no asegura más puestos de trabajo. A la vez, aseguró que solo se ha implementado en países con alto niveles de desarrollo económico.
“Es un tema muy complicado. No tenemos demostración empírica que sea matemático, que donde se reduce la jornada, se genera empleo. Además, donde lo hemos visto, es en países altamente desarrollados que estaban viendo como solucionaban determinadas tipos de cosas”, comenzó.
Sin embargo, afirmó que es un tema que se debe abordar. “Hay que abrir una mesa de discusión muy tranquila. Porque hay sectores donde se puede pensar y hay sectores donde la reducción de la jornada, cambia la dinámica de la propia industria”, completó.
“Exige un debate profundo, teniendo todas las herramientas sobre la mesa. Es razonable, Argentina tiene una de las jornadas legales más largas del mundo. Dentro de los países que protegen a sus trabajadores”, aclaró Moroni.
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A lo que volvió a replantear; “No vemos que matemáticamente la reducción de la jornada cree empleo, lo que vemos es que en términos inmediatos lo que hace es aumentar las horas suplementarias. Vemos que nadie lo implementó de manera generalizada y de un día para el otro”, expresó el ministro.
Actividades diferenciadas
“Hay actividades en los que los sistemas de atención y rotación, o la necesidad de atender las 24 horas como la salud, requieren adecuaciones especiales. Es un tema para estudiarlo con paciencia, ahora que estamos saliendo de la crisis. Estudiarlo sí, pero no para apurarse”, agregó.
“No es ni para aplaudir, ni para descartar. Es un tema para analizarlo con paciencia”, planteó Moroni. Asimismo, aseguró que es fundamental no caer en los “simplismos”.
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Por último, aseguró que ya en la actualidad, gran parte de los convenios colectivos de trabajo han fijado jornadas laborales distintas. Hecho que sucedió por decisión propia entre los sindicatos y las patronales, sin mediación del Estado.
