El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou deberá reglamentar una nueva normativa que podría penar con cárcel a quienes rompan la cuarentena. La medida se da en medio del endurecimiento de medidas para frenar los contagios de coronavirus. Pese a que el presidente charrúa se mostró siempre en contra de estas reformas, la crítica situación lo obliga a ceder.
Como ya detallamos en Focoeni, Uruguay vive el peor momento desde el inicio de la pandemia. La semana pasada, los casos llegaron a más de 160.000 con casi 2.000 muertos. Mientras que en los últimos 14 días el país tuvo un promedio de 50 muertes diarias. Con un pico de 79 muertos el jueves pasado.
En este contexto y a pesar que desde el Ejecutivo se habían mostrado en contra, un grupo de Senadores (mayoritariamente opositores), puso en marcha una reforma del Código Penal. Concretamente, el pasado viernes, la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores aprobó el “delito de peligro” por incumplir normas sanitarias.
Esto implica el castigo de cárcel a todo ciudadano que por su conducta ponga en riesgo la salud de terceros. Mañana martes, el Senado aprobaría dicha modificación al artículo 224 del Código Penal para castigar hasta con dos años de prisión a quienes “generen peligro por incumplir normativas sanitarias.”
De aprobarse, obligaría al presidente Lacalle Pou a firmar el decreto reglamentario. De todas maneras, el Frente Amplio ya anticipó que no va a acompañar la medida. El senador Charles Carrera afirmó que van a votar en contra de la modificación.
“Consideramos que para hacer esa modificación, se debe, desde el Estado, tratar las situaciones de vulnerabilidad social”, declaró.
Los detalles
El diario El País de Uruguay, difundió parte del texto de la nueva normativa, donde se detallan los alcances de la medida.
“El que mediante violación de disposiciones sanitarias dictadas y publicadas por la autoridad competente en aras de evitar la introducción al país o propagación de una enfermedad epidémica o contagiosa de cualquier naturaleza, pusiere en peligro efectivo la salud humana o animal, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”, afirma.
Según informaron, la propuesta ya había sido alcanzada al Gobierno de Lacalle Pou en marzo de 2020 por Jorge Díaz, un fiscal de la Corte Suprema. La idea era modificar el “delito de daño contra las medidas sanitarias” en “delito de peligro”. Dicha modificación habilitaba al Poder Judicial a imputar penalmente a quienes violaran cuarentena en el escenario de emergencia sanitaria.
