La tensión continúa en la toma de Guernica. Este jueves venció el plazo para el desalojo dispuesto por el juez de Garantías de La Plata, Martín Rizzo. Quien dispuso que el mismo podría realizarse el 15 de octubre o supletoriamente en los días siguientes hasta el 31 del mismo.
Mientras tanto, desde el ejecutivo provincial siguen trabajando a contrarreloj para ordenar el retiro pacifico de los ocupantes. Sin embargo, un pequeño grupo organizado mayoritariamente por agrupaciones de Izquierda, se resiste y pone condiciones.
En las primeras horas de la mañana, el fiscal Marcelo Romero, uno de los tres que intervienen en la causa, informó que hoy no se producirá el desalojo previsto por la justicia y que aún “no hay fecha cierta del procedimiento”.
“Hoy no se hace el desalojo, todo depende ahora de la logística policial. No tenemos aún fecha cierta de inicio del procedimiento”, explicó Romero a la prensa.
A su vez, el ministro provincial Andrés “Cuervo” Larroque comentó que “601 familias ya firmaron el acta para irse de manera voluntaria”. Y agregó que “no llegan a 150 personas” las que aún permanecen en el lugar. A su vez, consideró un éxito que el 80% de las familias “se hayan retirado voluntariamente del predio al haber firmado el acta acuerdo”.
Además, Larroque señaló que la resolución será en dos etapas. La primera, consiste en dar una respuesta a la urgencia a través de soluciones habitacionales atendiendo la particularidad de cada caso. La segunda, contempla “la generación de los 3.000 lotes con servicios para el distrito de Presidente Perón, en el marco del Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat”.
Hoy informamos sobre el desarrollo del plan de contingencia en Guernica presentado el 15 de septiembre al juez Juan Martín Rizzo que constó de un dispositivo interministerial. pic.twitter.com/6duq75LCOt
— Andrés Larroque (@larroqueandres) October 14, 2020
La Izquierda
Según los dichos del propio Larroque, las 150 personas restantes (un 20% del total) responden a grupos organizados por partidos de Izquierda, como el PTS y el MST, entre otros. Ante esto, el ministro afirmó que los mismos tienen un “interés político”, y que un puñado de “punteros” pretende “acaparar y vender esos terrenos”.
Por su parte la ministra de Gobierno, Teresa García, aseguró que “para hacer política hay mucho tiempo, no hay que hacerla con la necesidad de la gente. Estas organizaciones políticas no tienen nada que ver con las personas que no saben dónde van a dormir esta noche. Los gritos no resuelven las cosas”, enfatizó.
Mientras tanto, desde el PTS desmienten rotundamente estas afirmaciones, y aseguran que el Gobierno está pasando por encima el derecho a la tierra. A su vez, aseguran que esos terrenos “no tienen dueños”, y que la empresa que los reclamó, “está floja de papeles”.
Concretamente, el pedido del MST es “tierra por tierra, y que se suspenda el desalojo”. Hoy, en horas de la tarde, el ejecutivo convocó a una nueva mesa de diálogos con las agrupaciones de izquierda. Al parecer, el tono será de “ultimátum”, puesto que de no llegar a un acuerdo, habrá desalojo.
