OpiniónPortadaMunicipios analógicos vs digitales

La pandemia desatada por el Covid-19 nos enfrenta a una crisis sin precedentes que obliga al mundo a repensar una serie de absolutos que estaban instalados en nuestras sociedades. Ha impactado en todos los ámbitos posibles, desde las rutinas diarias de cada familia, pasando por los modos de relacionarnos y de sustentarnos, hasta cómo el Estado se vincula con sus ciudadanos. Si nos detenemos a considerar este último punto, es interesante analizar como aquellas administraciones públicas que impulsaron políticas destinadas a la incorporación de TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) en sus gestiones hoy tienen un motivo menos de preocupación en sus agendas y dependiendo del grado de implementación de dichas políticas pueden hasta resultar beneficiadas en este contexto. Poder tramitar de forma remota y segura una solicitud de beneficio, un pago de impuestos, una inscripción en un servicio y hasta poder seguir asistiendo a clases son algunas de las opciones posibles gracias a la incorporación de herramientas tecnológicas a la gestión pública en sus diferentes dimensiones.

Si bien, para muchos la cuestión de la introducción de las TIC en las administraciones públicas es una discusión sin prioridad en la escala de problemas que atraviesan a estas, lo cierto, es que la crisis del COVID-19 nos muestra que esto no es así y más aún en los gobiernos locales, que podríamos decir, son el primer puente/frontera que se tiende entre los ciudadanos y el Estado. Es a dichos gobiernos a quienes se les piden soluciones rápidas, accesibles y que permitan en cierto modo la rendición de cuentas.

Desde la década del `90, con las sucesivas reformas del Estado que se fueron impulsando desde el ámbito nacional, los municipios han visto acrecentadas sus funciones y autonomía pero no sus ingresos y las posibilidades de afrontar sus responsabilidades. Algunos de ellos, en paralelo han ido incorporando herramientas tecnológicas que le permiten afrontar esos desafíos y los nuevos que fueron apareciendo a la luz del surgimiento de otras problemáticas. Obviamente con las excepciones del caso, la mayoría de las implementaciones se han dado de forma interrumpida, dependiendo de los tiempos electorales y las urgencias de la gestión diaria y sin objetivos estratégicos claros.

Un plan de gobierno digital local no es tarea sencilla, pero una de las justificaciones que considero puede ser la que se encuentra tras bambalinas para no llevarlos a cabo es la idea de que hay políticas más importantes que implementar y donde invertir el dinero de los contribuyentes, y en la actual coyuntura toma una importancia aún mayor. Esa afirmación puede esconder una pequeña trampa, la salud y educación pública en nuestro país, como las políticas de seguridad y de empleo siempre han sido de los temas más importantes para la opinión pública y cada gobierno ha definido su presupuesto en base a estas variables. Luego de varios años de haber gestionado proyectos relacionados con la tecnología y el gobierno digital, la primer pregunta que me hacía al momento de defender dichos proyectos era porque hay que invertir en tecnología, en engorrosos procesos de digitalización, simplificación procedimental y entre tantos otros y destinar fondos públicos y recursos que otras áreas a las claras lo necesitaban más, y un día obtuve por lo menos parte de mi respuesta cuando un colega con mucha experiencia en la temática y en el sector público me lo explico de una forma muy sencilla,  “las áreas tecnológicas nunca van a competir con la salud, la educación, la producción o la generación de empleo, ya que ellas son un medio para lograr los objetivos de esas temáticas de una forma más ágil, en menor tiempo y por sobre todo haciendo un uso eficaz de los escasos recursos que contamos en el Estado para que además en un corto tiempo pueden ser redirigidos nuevamente a esas políticas o que la propia política de Gobierno digital pueda auto sostenerse”.

Sin idealizar los beneficios de una política digital, hay que reconocer el impacto notable que su implementación tiene particularmente en las gestiones locales, como la eficiencia en la administración de fondos y recursos, la mejora de calidad en los servicios, la simplificación de trámites con la consecuente reducción en los tiempos de espera por parte de los ciudadanos, la disponibilización de datos no solo para la mejor toma de decisiones hacia dentro del gobierno sino la posibilidad de transparentar las gestiones y podríamos seguir agregando. Ahora bien, estos resultados no son mágicos, ni se logran por poner a funcionar algunos sistemas y comprando computadoras para los empleados públicos. Por ello, es fundamental diseñar, planificar e implementar políticas de gobierno digital propias, que entiendan el contexto de cada municipio, no hay recetas que puedan ser copiadas, cada realidad local tiene sus propios intereses, saberes, necesidades y objetivos, los cuales deben ser coordinados y articulados con las estrategias tecnológicas posibles y así poner los esfuerzos en la confección de planes estratégicos de Gobierno digital local con objetivos concretos y de alto impacto que son necesarios a la hora de convertir la resiliencia en una capacidad institucional y poder lograr las metas de gestión en los tiempos políticos pero también sociales.

En la actual coyuntura, aquellos proyectos que se fueron desarrollando en los últimos años relacionados a la salud hoy tienen una importancia sideral como lo son las propuestas de algunos municipios de digitalización de las historias clínicas y la puesta en funcionamiento de sistemas que permitan el seguimiento de los pacientes por medios digitales. Esto permite la detección temprana de los grupos de riesgo para determinada enfermedad y la posibilidad de realizar campañas de prevención o como en el caso del Covid-19 permite por ejemplo, poder detectar personas de riesgo y realizar acciones preventivas o realizar estimaciones de las necesidades reales a las que debe enfrentarse el municipio. Los municipios de San Miguel junto con el Hospital Lacarde y por su lado, el de Bragado en coordinación con el Hospital San Luis, en la Provincia de Buenos Aires pueden ser tomados como ejemplo de buenas prácticas en este sentido.

En muchas ocasiones los municipios no implementan políticas de gobierno digital por falta de recursos y de capacidad instalada, y ahí es donde otros actores que son parte de la comunidad local o regional pueden unirse y desarrollar propuestas concretas y con alto valor agregado. El caso del partido de Maipú, en la provincia de Mendoza es un caso a resaltar, donde a través del proyecto “Herramientas para el fortalecimiento de la capacidad estatal a nivel local” confluyó el sector privado, público y el universitario, contando además con el financiamiento del Fondo de Innovación Tecnológica Regional (FITR). El objetivo de la propuesta es aportar instrumentos para la gestión municipal, teniendo en cuenta la reforma del estado y la incorporación de tecnología, poniendo el foco en una primera instancia en facilitar trámites, turnos y todo aquello que vincula al municipio y al ciudadano, al mismo tiempo que se transfieren conocimientos y tecnologías dejando capacidad instalada en la administración local.

Otra experiencia es la del municipio de Pergamino y de Quilmes, en relación a la Gestión documental Electrónica, que posibilita la tramitación de los expedientes a través de medios digitales, ahorrando en recursos materiales, en tiempos y en el actual contexto de aislamiento les permitió a aquellas gestiones locales que habían implementado el expediente electrónico seguir gestionando de forma remota.

Estas experiencias nos muestran que la incorporación de tecnologías y el desarrollo de planes de gobierno digital en la gestión municipal pueden aportar herramientas que se constituyan en aliados estratégicos en los tiempos que corren, agregando valor pero también introduce a los municipios en una era donde los nativos digitales ya se han convertido en ciudadanos y en parte del mercado laboral y para ellos también hay que empezar a gobernar.

No tengo dudas de que la transformación digital local implementada de forma planificada, que involucre a los diferentes actores, como son el sector privado, los jóvenes y el sector educativo, puede acortar la brecha entre el Estado y los ciudadanos, y además reducir tiempos, ahorrar en bienes y recursos y transparentar la gestión pública y por sobre todo aportar en el desarrollo de un Estado más inclusivo y accesible.