Luego de que se oficializara la intervención de la empresa Vicentin a través de un DNU presidencial, el proyecto de expropiación se prepara para el debate parlamentario.
Recientemente el presidente Alberto Fernández hizo pública la iniciativa para expropiar a la cerealera, endeudada y en concurso de acreedores. El proyecto partió de un análisis de la vicepresidenta del bloque oficialista del Senado, Anabel Fernández Sagasti y, como se esperaba, ingresará a través de la Cámara alta. Así lo confirmó el titular de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja, José Ruiz Aragón (FdT).
Lo que viene en el Congreso
Si bien el Frente de Todos tiene los votos necesarios del Senado para avanzar con el proyecto, en la Cámara de Diputados necesitará el respaldo de un sector de la oposición para lograr su aprobación.
Desde Juntos por Cambio mostraron su postura crítica desde el primer momento, que hicieron pública a través de un comunicado que firman los presidentes de los bloques que la integran (PRO, UCR y CC) en el Senado y Diputados.
El anuncio sobre Vicentín es ilegal e inconstitucional y nos va a terminar costando miles de millones de dólares a los argentinos.
Un mensaje de las autoridades principales de nuestra coalición. ? pic.twitter.com/l3erS43Uev
— JxC Juntos por el Cambio (@juntoscambioar) June 8, 2020
Por este motivo, el oficialismo necesitará buscar alianzas en los dos interbloques federales: el lavagnista Consenso Federal, cuyo referente es Eduardo Bucca, y el de Unidad Federal para el Desarrollo, que lidera el mendocino José Luis Ramón.
Las primeras acotaciones del economista Roberto Lavagna no fueron favorables en este sentido.
Hace algunos años se habló de SOBERANÍA ENERGÉTICA y las cosas no salieron bien: baja inversión, necesidad de importar, caída de reservas, y finalmente estancamiento económico-social.
— Roberto Lavagna (@RLavagna) June 9, 2020
De la misma manera, los lavagnistas Graciela Camaño, Alejandro “Topo” Rodríguez y Jorge Sarghini mostraron su disidencia.
Sin embargo, miembros del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, integrado por ocho diputados dejaron ver posturas a favor del proyecto.
?Era esperable el rescate que está haciendo @alferdez a Vicentin y vamos a discutir la situación cuando llegue al Congreso.
Vicentin está en concurso, no puede sostenerse, y la inmensa mayoría de la deuda la tiene con el Banco Nación, no es menor. @KulfasM— Jose Luis Ramon (@JoseLuisRamonOk) June 8, 2020
En la cámara baja, el Frente de Todos contabiliza 119 legisladores, faltándole 10 votos para su aprobación.
Qué propone el proyecto que se debatirá en el Congreso
El proyecto de expropiación ha disparado voces en contra y a favor, tanto por la envergadura de la empresa y lo que implica en cuanto a su incidencia en los precios, como por el historial de expropiaciones en el país.
Para que se realice una expropiación, la legislación vigente estipula que siempre debe declararse el “interés público”. Asimismo, el Congreso debe hacer una declaración de “utilidad pública” de un bien, y fundamentar el por qué de dicha utilidad.
Este caso es precursor en cuanto a considerar utilidad pública la producción de alimentos y plantearla como una cuestión de “soberanía alimentaria”. Por este motivo, ya circula la iniciativa que estipula declarar a la agroexportadora de interés público en caso de que el Congreso lo avale.
El proyecto:
Entre los principales puntos del proyecto, se propone que la suma a abonar se salde con los montos de la duda que Vicentin contrajo con la AFIP y el Banco Nación, que asciende a $18.000 millones. El Tribunal de Tasaciones de la Nación determinará el valor de los bienes (ley 21.499 de expropiaciones).
También se propone la creación del Fondo Fiduciario Agro Argentina, cuyo fiduciario y fideicomisario será el Estado Nacional y el Fiduciante la empresa YPF SA a través de YPF Agro SA. De esta manera, el personal de Vicentin (7000 entre todas las áreas de negocios) será transferido a YPF.
Asimismo, el proyecto estipula que la Comisión Nacional de Valores (CNV) convoque a una asamblea extraordinaria de accionistas para reemplazar a los directivos actuales.
El DNU
Por lo pronto, A través del decreto 522 se formalizó la designación de Gabriel Delgado, exsecretario de Agricultura, como interventor en Vicentin. Según el decreto presidencial se encuentran en riesgo no sólo 2195 puestos de trabajo de la industria aceitera, sino 1000 de una empresa algodonera propia, 376 de una bodega y 2057 de una planta frigorífica.
El DNU estipula que la intervención es transitoria por un plazo de 60 días. Como interventor se anunció a Delgado y como subinterventor Luciano Zarich, exfuncionario del Ministerio Agricultura.
Ezequiel Casartelli
Director Desmiento - Licenciado en Ciencia Política • Máster en Análisis de la Opinión Pública, Encuestas, Medios de Comunicación y Nuevas Tecnologías • Diplomado en Comunicación Política • Especializado en Data Intelligence.
