Tres hechos consecutivos de agresión y asesinato a ciudadanos por parte de la policía pusieron el foco sobre la gravedad de los abusos cuando la violencia es institucional. Hubo reacciones de repudio del Presidente Alberto Fernández y se iniciaron investigaciones.
El hecho más reciente, ocurrido durante el fin de semana en Chaco tuvo amplias repercusiones. Se conoció a través de un video la salvaje agresión de agentes policiales chaqueños a integrantes de la comunidad Qom. Un video muestra el ingreso forzoso a una vivienda Qom de la localidad de Fontana. El operativo concluyó con la detención irregular de cuatro jóvenes, entre ellos dos mujeres, una menor de edad. Trascendieron luego las denuncias por abusos sexuales y torturas dentro de la comisaría.
Los relatos indican que al menos cinco efectivos abusaron sexualmente de ellas y las amenazaron con matarlas:
“`Ya les tiramos alcohol, ¿ahora quién las prende fuego?’, testimoniaron sobre los dichos de un policía. “Después entraron de vuelta y nos patearon. Eran todos hombres.”, indicó la mujer.
En San Luis el 5 de abril, se conoció la muerte de Florencia Morales, una mujer de 39 años que había sido detenida por circular en bicicleta a contramano sin autorización. Apareció ahorcada en un calabozo de la comisaría 25 de Santa Rosa del Conlara. Si bien la policía aseguró que se había suicidado con una cuerda, el parte de la autopsia indicó “signos compatibles con la autodefensa”.
En Tucumán, a mediados de mayo el peón rural Luis Espinoza fue perseguido, asesinado y su cuerpo arrojado a 80 kilómetros del lugar, en el límite con Catamarca. Las pericias mostraron que el arma de fuego que le dio muerte pertenecía a la policía. Además, se investiga a los policías que intervinieron en el operativo por robarle a Espinoza $16.000. Durante su desaparición, aseguraron a los familiares que nunca lo habían detenido.
Su hermano Manuel, quien encontró el cuerpo, denunció el accionar policial irrestricto e ilegal en el interior del país:
“Acá en el campo no hay control sobre nada y estos policías te hacen lo que quieren. Si te agarran con 10.000 pesos, te piden de coima 6.000 para que te suelten”, expresó.
Lo llamativo es que en varias ocasiones había habido denuncias por el accionar abusivo de las fuerzas policiales en estas provincias.
Las reacciones
Los hechos sucedidos despertaron el repudio de diversos sectores de la política, organismos y de la sociedad civil.
El presidente Alberto Fernández se refirió desde las redes sociales y habló de “deuda de la democracia”:
Las imágenes de violencia institucional que hemos visto en las últimas horas en el Chaco son inaceptables. Celebro que el Ejecutivo provincial haya apartado a los efectivos, pero debemos trabajar más profundamente en una problemática que es una deuda de la democracia.
— Alberto Fernández (@alferdez) June 2, 2020
La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, repudió la violencia institucional sufrida por integrantes de la comunidad Qom a manos de efectivos de la policía provincial, y afirmó que esos “hechos no tienen lugar en el país que se quiere construir”.
Mi más enérgica condena a la violación de los derechos humanos sufrida por la comunidad TOBA QOM de la localidad de Fontana, en la provincia de Chaco .
Repudiamos toda forma de violencia institucional porque no tiene lugar en el país que estamos construyendo.— Marcela Losardo (@mmlosardo) June 3, 2020
Asimismo, desde el Pro se elevó un documento que condena la violencia institucional. Esto también generó un debate debido a algunos antecedentes como el de Santiago Maldonado, Chocobar o referencias de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich en las que indicaba que ante la duda se debe considerar la palabra de los agentes.
Desde Cambiemos se pidió la renuncia del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla por los hechos ocurridos en las provincias peronistas. Así lo solicitó el jefe de los diputados de Cambiemos, Mario Negri, quien lo acusó de estar “totalmente desdibujado” en su función y no haber realizado declaraciones al respecto.
Se dio a conocer también un comunicado firmado por el representante de la ONU en Argentina en el que dijo que están “consternados por la violencia policial” y exigió que investiguen “con urgencia” los hechos.
Por lo pronto, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, ya había solicitado a distintos gobernadores que le dieran detalles de lo sucedido. Esto también se suma a las investigaciones sobre abusos de las fuerzas de seguridad tanto de Gendarmería como de la Policía Federal, en distintos operativos durante la cuarentena.
Desde el inicio de su gestión, Frederic había puesto el foco sobre la problemática de la violencia institucional con el objetivo de hacer parte a los ministros de todas las provincias.
Ezequiel Casartelli
Director Desmiento - Licenciado en Ciencia Política • Máster en Análisis de la Opinión Pública, Encuestas, Medios de Comunicación y Nuevas Tecnologías • Diplomado en Comunicación Política • Especializado en Data Intelligence.
