La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez, realizó denuncias a Michetti y Marcos Peña, entre otros funcionarios. Los tribunales de Comodoro Py llevarán adelante la investigación correspondiente.
Las razones se ligan a contrataciones irregulares realizadas por la Jefatura de Gabinete de ministros entre 2016 y 2019. Dichas empresas obtuvieron las contrataciones sin concurso.
Al indagar en estas empresas, Aura Advertising, La Comunidad S.A., Circus, Power República Argentina saltan a la luz algunas cuestiones.
No sólo formaron parte de las campañas publicitarias en las elecciones de 2015 en las que Mauricio Macri obtuvo la presidencia. También desarrollaron la publicidad oficial de distintos organismos públicos durante la gestión del ex presidente.
La denuncia penal apunta contra el ex jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña, la ex vicepresidenta, Gabriela Michetti y el ex secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco.
Así lo prevee el artículo 265 del Código Penal, aunque no se descarta la posible concurrencia de otras figuras penales.
Tenemos absoluta tranquilidad de conciencia, por lo que pondremos a disposición de la justicia, toda la información necesaria para demostrar que la denuncia es infundada.
— Gabriela Michetti (@gabimichetti) March 6, 2020
Los montos destinados a estas contrataciones ascienden a los $300 millones y violan los procedimientos de las contrataciones gubernamentales.
Las razones que explican la ilegalidad del procedimiento
Según un comunicado realizado por la fiscalía, para llevar adelante dicho proceso utilizaron un artilugio legal. Está previsto en materia de contrataciones públicas y no resultaría aplicable a los expedientes analizados por la PIA:
“Los funcionarios de la Jefatura de Gabinete de Ministros impulsaron la modificación del decreto 984/2009, el cual otorgaba exclusividad a Télam SE en el desarrollo de la publicidad oficial. Ello fue logrado a través del dictado del decreto número 978/2016, que fue suscripto por la entonces vicepresidenta Marta Gabriela Michetti (a cargo del Poder Ejecutivo Nacional), motivo por el cual también se encuentra comprendida en la denuncia”.
Por este motivo, la PIA remarcó la aplicación de la ley 27.401 a las sociedades anónimas contratadas. Esta alude a la Responsabilidad Penal aplicable a las Personas Jurídicas Privadas.
Según trascendió, el caso fue designado por sorteo al Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi y la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 1, de Jorge Felipe Di Lello.
Ezequiel Casartelli
Director Desmiento - Licenciado en Ciencia Política • Máster en Análisis de la Opinión Pública, Encuestas, Medios de Comunicación y Nuevas Tecnologías • Diplomado en Comunicación Política • Especializado en Data Intelligence.
