El financiamiento de la educación pública volvió al centro del debate político tras la última conferencia del vocero presidencial. Mientras el Gobierno evita precisar de dónde saldrán los fondos, la ciudadanía parece tenerlo claro: en nuestra encuesta en Instagram, el 57% de los participantes eligió recortar los gastos de la política como primera fuente de financiamiento.
La opción de una suba de impuestos quedó en segundo lugar, con el 29% de las respuestas, mientras que la quita de subsidios a luz y transporte apenas alcanzó el 14%. El recorte a planes sociales directamente no tuvo apoyo: 0% de los encuestados lo consideró una vía válida.
El resultado deja un mensaje contundente: la sociedad no quiere que el costo recaiga en los sectores más vulnerables, ni tampoco que se profundice la carga impositiva sobre los ciudadanos. El reclamo se dirige, una vez más, a la dirigencia política, con un pedido de mayor austeridad y transparencia.
En un contexto de crisis económica y ajuste, el dato refleja no solo una opinión coyuntural, sino una tendencia: la desconfianza hacia la clase política y la exigencia de que los primeros en ajustarse sean los funcionarios, antes de tocar el bolsillo de los contribuyentes o los servicios básicos de la población.
